Por Daniela Guazo
El Universal
En la noche del 11 de
julio, Joaquín Archivaldo El ChapoGuzmán se
convirtió en el narcotraficante más buscado del mundo. Por segunda vez burló a
las autoridades y se escapó del Centro Federal de Readaptación Social Número 1,
El Altiplano, en el Estado de México. El gobierno perdió al capo que, de
acuerdo con los informes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre
2007 y 2014 logró crear una red criminal de 95 empresas en toda la República.
De éstas, 14 han tenido alguna relación comercial con el gobierno federal,
mediante contratos o concesiones.
Los reportes apuntan a que el Cártel de Sinaloa podría
llegar a tener algún tipo de relación con 288 negocios en distintos países.
Desde 2007, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados
Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) puso al descubierto el gran imperio
financiero del delincuente. Un total de 25 empresas fueron enlistadas por sus
presuntas relaciones con el cártel sinaloense. Nueva Industria de Ganaderos de
Culiacán, con tres concesiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y Estancia
Infantil Niño Feliz, que todavía presta servicios para el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), fueron señaladas como eslabones de la cadena
criminal. En 2014 fue la última vez que la OFAC enlistó a compañías mexicanas.
En el primer semestre de ese año, ocho negocios fueron señalados por su
relación con el narcotráfico.
Agrícola y Ganadera Cuemir, Casa de Empeño Guadalajara, Cooperativa
Avestruz Cuemir, Prenda Todo, Producción Pesquera Doña Mariela, Taipen,
Comercializadora y Frigoríficos de la Perla del Pacífico y Bona-Habitat, son
los últimos nombres que la OFAC ha señalado como parte del emporio del capo.
Las redes de El Chapo se han fortalecido en siete estados de
la República, pero el norte del país fue el punto clave que le permitió incrementar
su dominio y riqueza.
Sinaloa, lugar de origen del criminal, encabeza la lista. Ahí se
encuentran 35 empresas que presuntamente le han servido de fachada. Jalisco es
su otro punto fuerte. Ahí radican 17 negocios que, según la información del
gobierno de Estados Unidos, han sido utilizados para lavar dinero.
Su poder también se extiende hasta Baja California, Sonora, Estado de
México, Morelos y el Distrito Federal. En estos lugares se pueden encontrar
desde una hasta 12 empresas que supuestamente sirven a los intereses del capo.
Trabajando
con el enemigo
En febrero de 2014 el gobierno mexicano logró recapturar al
narcotraficante más buscado del país. Después de 13 años tras su pista, Joaquín El Chapo Guzmán se convirtió en un reo más de El
Altiplano. Eric Holder, secretario de Justicia de Estados Unidos, calificó el
hecho como un “logro emblemático”. El gusto sólo le duró 17 meses.
Ese mismo mes la OFAC publicó un informe en el que detalló los
movimientos empresariales del capo desde 2007 y la forma en la que construyó un
emporio. El Departamento del Tesoro tenía plenamente identificadas a las
diferentes razones sociales que de algún u otro modo servían a la organización
criminal.
De las 288 empresas que en ese momento fueron enlistadas, 95 son
mexicanas y 14 han tenido alguna relación comercial con el gobierno federal. La
Estancia Infantil Niño Feliz fue uno de los primeros negocios que la OFAC
relacionó con el Cártel de Sinaloa en 2007. El principal motivo fue que
María Teresa Zambada Niebla, hija del narcotraficante Ismael El MayoZambada, era una de las socias originales de la
guardería, junto con otros cuatro miembros de la misma dinastía. Todos siguen
en el acta constitutiva.
De acuerdo con el portal de transparencia del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), la estancia tiene dos fechas de inicio de operación, una
en noviembre de 2001 y la otra en enero de 2004. Su último contrato lo obtuvo
mediante adjudicación directa en los primeros días del año pasado.
En julio de 2009, Daniel Karam, entonces director del IMSS, afirmó que
María Teresa Zambada estaba siendo investigada por la Procuraduría General de
la República (PGR), como resultado de las acusaciones de EU de que la guardería
era utilizada para lavar dinero.
El lugar atiende a 209 niños y recibe tres mil 42 pesos mensuales por
cada uno, por lo que el gobierno federal le aporta casi ocho millones de pesos
anuales.
Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán también fue enlistada desde el
17 de mayo de 2007 como parte de esta red de lavado, pero dos años antes
consiguió un par de permisos del Organismo de la Cuenca del Pacífico Norte, una
de las ramas de Conagua, para utilizar un pozo o canal abastecedor de agua para
usos industriales. Estas concesiones vencen este año.
En Hermosillo, Sonora, radica otra de las empresas, que a pesar de que
las autoridades de Estados Unidos pusieron en duda su honorabilidad en México,
continuó con sus labores sin ningún problema. Bioesport entró a la lista de la
OFAC el 5 de agosto de 2008, pero tres meses antes obtuvo un contrato, por
medio de adjudicación directa, con la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El documento muestra como objeto del contrato “Servicios Educativos y de
Capacitación”, y es por un monto de casi 24 mil pesos. Además, en 2011 aún
seguía apareciendo como uno de los proveedores del gobierno federal. En marzo
de ese año, a pesar de las advertencias del Departamento del Tesoro, la CFE le
otorgó un nuevo contrato, por nueve mil pesos.
Un par de compañías que el gobierno estadounidense también relacionó con
las operaciones criminales del Cártel de Sinaloa,
cuentan con permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),
para los servicios de mudanzas que realizan, entre otros.
Fletes y Transportes Gaxgar y Aero Express Intercontinental fueron
señaladas desde 2008 y 2010 respectivamente. Una fue acusada de lavar dinero
para el cártel de El Chapo y la otra de ayudar a la entrega y
distribución de narcóticos. Pero de acuerdo con el Portal de Transparencia del
gobierno federal, ambas empresas cuentan con el permiso de la SCT para la
operación y explotación del servicio de carga por tiempo indefinido.
El negocio de las gasolineras también se ha visto relacionado con este
grupo criminal. Desde mayo de 2007 las autoridades de Estados Unidos han
reportado que este sector es utilizado por los grupos del narcotráfico.
Sinaloa es el centro de estos negocios. En el estado norteño se
localizan las ocho estaciones de servicio que, de acuerdo con la OFAC, han
servido para lavar dinero. De ellas, seis tienen franquicias con Petróleos
Mexicanos (Pemex) que en algunos de los casos finalizan dentro de 10 años.
Urbanizadora Nueva Italia, ubicada en Jalisco y fichada por la OFAC en
octubre de 2012, consiguió desde 2008 una concesión por parte de Conagua para
abastecerse de la Cuenca Lerma-Santiago. Este permiso vence en 2018.
Cooperativa Avestruz Cuemir, empresa dedicada a la ganadería en la perla
tapatía, también fue señalada por sus vínculos con el cártel en 2014, y desde
dos años atrás estaba inscrita en el Directorio de Establecimientos registrados
en el Sistema de Tipo Inspección Federal del Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica).
Las
fachadas del narco
Desde empresas de bienes raíces hasta gasolineras son algunos de los
ramos en los que ha incursionado el grupo criminal.
En 2002 fue la primera vez que la OFAC enlistó a empresas mexicanas.
Diez negocios en Baja California fueron relacionados con el Cártel de los Arellano Félix.
El objetivo principal de los boletines emitidos por el Departamento del
Tesoro de Estados Unidos es que ningún ciudadano estadounidense realice
transacciones financieras o comerciales con empresas relacionadas con
narcotraficantes.
De 2007 a la fecha este registro ha puesto a 215 compañías mexicanas
bajo la lupa. El 44% han sido ubicadas como parte de la estructura de Guzmán
Loera. Hasta mediados de 2014, fecha en la que El Chapo seguía bajo custodia de las autoridades
mexicanas, el gobierno norteamericano señaló que el grupo generaba ingresos
anuales por tres mil millones de dólares.
Considerado como el director ejecutivo del Cártel de Sinaloa, este capo estuvo cuatro años
consecutivos, de 2009 a 2012, en la lista de multimillonarios de la revista Forbes. Debutó en la posición número 701 y en su
última aparición descendió hasta el lugar mil 153.
La mayoría de los negocios con los que ha sido relacionado pertenecen al
ramo de bienes raíces. En 2007 fueron enlistadas las primeras compañías de este
tipo: Consorcio Inmobiliario del Valle de Culiacán y Sepriv, ambas en Sinaloa,
fueron señaladas como parte de su estructura de lavado de dinero.
Un total de 10 empresas inmobiliarias, repartidas en cuatros estados de
la República, figuran en el organigrama de este grupo criminal.
Otro de los ramos que tiene mayor predominancia dentro de la red creada
por este cártel son las empresas comercializadoras. Nueve compañías de este
tipo están dentro de la lista de la OFAC supuestamente por contribuir a las
operaciones de lavado de dinero del grupo. Hace ocho años entró la primera a la
lista.
El 12 de diciembre de 2007, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
fichó a Comercializadora Joana, ubicada en Jalisco. En esa misma fecha, 18
negocios más fueron añadidos a la lista. Sus ubicaciones iban desde Baja
California, Sinaloa y el Distrito Federal.
Únicamente Sin-Mex Importadora y Comercializadora Joana fueron objeto de
investigación en 2008 por parte de la entonces Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.
El resto de las empresas que fueron detectadas por los servicios de
inteligencia financiera del gobierno de Estados Unidos, y cuyos nombres se
incluyeron en la lista de negocios “vedados” para ese país siguieron operando
sin problemas en México.
