Jesús Cantú
PROCESO
La extrema debilidad
política del presidente Enrique Peña Nieto; la institucionalidad demostrada por
el todavía coordinador de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados, Manlio
Fabio Beltrones, y la renovación de 12 gubernaturas en julio de 2016, se conjugan
para permitir a Beltrones llegar a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional
del PRI, bien custodiado por Carolina Monroy del Mazo, de todas las confianzas
de Peña, como compañera de fórmula.
El presidente tenía dos
decisiones cruciales frente a sí: sustituir a César Camacho con alguien que le
permitiera enfrentar los procesos electorales estatales del próximo año con
probabilidades de no salir muy mal librado (bien librado es casi imposible en
las condiciones en que se encuentra el país en estos momentos); y encontrarle
un sitio a Beltrones una vez que concluyera su periodo como diputado, lo cual
se reducía fundamentalmente a tres posiciones: la presidencia del PRI, la
Secretaría de Gobernación o una embajada, pues dejarlo fuera del presupuesto hubiese
sido muy peligroso, especialmente si se toma en cuenta la experiencia de Nuevo
León, donde dicha insensibilidad provocó su derrota electoral.
Optó por la que le
permitía resolver ambos problemas y obligaba a Beltrones a esforzarse al
máximo, pues en buena medida la posibilidad de obtener la candidatura
presidencial en 2018 depende de los resultados electorales del próximo año. La
decisión le permitía, además, mantener en la carrera presidencial a sus dos
principales alfiles: Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray, quienes, más
allá de sus bajas preferencias electorales, se mantienen por encima de
Beltrones.
Una vez que se logró
ganar la mayoría en la Cámara de Diputados junto con las bancadas de los
partidos satélites (Verde y Panal) y se aprobaron las reformas estructurales,
el presidente del PRI deberá abocarse más a mantener la unidad de ese partido,
ganar las elecciones estatales y salir en defensa del presidente cuando se
requiera.
De los candidatos
disponibles, Beltrones era el ideal para las dos primeras tareas, e incluso
para la tercera, al no ser alguien tan identificado con el presidente, y como
sabe que el éxito en las elecciones estatales depende de la posibilidad de
recuperar algo de confianza y credibilidad en el gobierno federal, seguramente
lo hará cuando sea necesario.
Así las cosas, la
preocupación central serán las elecciones estatales del próximo año. De las 12
gubernaturas en juego, el tricolor es gobierno en nueve de ellas y oposición en
las restantes tres. El reto es mantener el mismo número, y si hay intercambio
de entidades, que el saldo no sea muy desfavorable.
A pesar del discurso
oficial en los comicios de este año, el saldo en las gubernaturas fue negativo
para el PRI, pues resultó con una menos de las seis que tenía, y aunque
recuperó Guerrero y Sonora, perdió Michoacán, Querétaro y Nuevo León, que era
la entidad con mayor relevancia a nivel nacional de las que estaban en disputa.
El PRI es gobierno en
Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz y Zacatecas. En cuatro entidades (Aguascalientes, Chihuahua, Tlaxcala
y Zacatecas) ya ha habido alternancia en el poder y el tricolor tuvo la
capacidad de recuperarlas; pero en las otras cinco ha mantenido el control
absoluto, y si bien hasta el momento no parece haber ningún opositor que pueda
preocuparle, el mal gobierno en Veracruz y Tamaulipas lo vuelve muy vulnerable.
Por otra parte, aunque los graves conflictos que han aquejado a Oaxaca hacen
viable la posibilidad de una nueva alternancia, no parece tan claro que esto
pueda suceder en Sinaloa y Puebla.
En Sinaloa la posibilidad
de un candidato no partidista, después del triunfo de Manuel Clouthier por esa
vía en un distrito federal de Culiacán, no es nada despreciable, ya sea él
mismo o Heriberto Félix, quien ya se quedó muy cerca de ganar la elección
cuando compitió por el PAN en 2005. Mientras tanto, en Puebla, Manuel Moreno
Valle sabe que si pierde los comicios en su entidad se cancelan las
posibilidades de ser el abanderado blanquiazul a la Presidencia en 2018. Así
que no escatimará esfuerzo alguno para lograr retenerla.
En estas condiciones no
le resultará fácil al PRI entregar buenas cuentas en julio próximo, y Beltrones
sabe que en dicha elección se juega también su futuro político: ganar más de
las nueve gubernaturas lo colocará en una posición ideal para aspirar a ser el
abanderado priista a la Presidencia; pero entregar malas cuentas lo dejará
automáticamente fuera de la contienda interna para 2018.
Beltrones sabe que es su
última oportunidad y que, al ser elegido presidente nacional del PRI, en
automático entra en la carrera de los presidenciables, lo que también sabe Peña
Nieto, quien en la actual coyuntura realmente no tenía otra opción. En las
entrevistas radiofónicas, Beltrones ha sido muy cuidadoso al responder las
preguntas vinculadas con su posible candidatura a la Presidencia, pero también
ha dejado claro que sus posibilidades dependen de las cuentas electorales que
entregue como presidente de su partido.
Su apuesta es incrementar
el número de las gubernaturas y en el otoño de 2017 renunciar a la conducción
del PRI para trabajar en su candidatura a la Presidencia; y Peña Nieto está
dispuesto a que eso suceda si Beltrones le entrega buenas cuentas, superando a
sus principales alfiles (Osorio Chong y Videgaray), que hoy van en franco
declive.
Así, el arribo de
Beltrones a la dirigencia de su partido es un acuerdo de mutua conveniencia
ante el nulo impacto de las reformas estructurales, los escándalos de
corrupción y conflictos de interés, las ejecuciones extrajudiciales y la fuga
del Chapo Guzmán, que han llevado la aprobación de la gestión presidencial a
sólo una tercera parte de los ciudadanos, porcentaje únicamente comparable con
el que tuvo Ernesto Zedillo tras el llamado “error de diciembre”.
Para evitar el colapso de
Peña Nieto, la oferta de Beltrones –quien con él se entrevistó el pasado 4 de
agosto– resultó irrechazable.
